El actor basó su arbitrio en que el proveedor había anulado unilateralmente la compra realizada, sin embargo, el Tribunal constató que, en la instancia administrativa ante el SERNAC, expresó su conformidad con la solución ofrecida por la tienda.

El ordenamiento jurídico considera un sistema dual para conocer ese tipo de conflictos, el primero, a través de la justicia arbitral según las reglas del Código de Comercio, y el segundo, mediante la aplicación de la Ley del Consumidor.

Además de la Ley N° 19.496, las Leyes N° 20.009 y 21.234 también regulan la materia, todas las cuales llevan al mismo procedimiento ante el Juzgado de Policía Local.

El recurrente alegó que, a falta de norma en la Ley N° 19.496, resultaba aplicable el artículo 33 de la Ley N° 18.287, que establece que son inapelables las sentencias definitivas dictadas en procesos por simples infracciones a la Ley del Tránsito que sólo impongan multa.

El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el 29º Juzgado Civil de Santiago, que ordenó, además, a las demandadas el cese de la conducta infractora, en el sentido de que en lo sucesivo, cada vez que se ejecute el proceso de migración, se deberá entregar información veraz y entendible a los consumidores, con especial énfasis en los costos asociados.

El SERNAC demandó colectivamente a una empresa inmobiliaria por incluir cláusulas abusivas en contratos firmados por los consumidores con sociedades filiales de la demandada pero que no fueron emplazadas en juicio, por lo que se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la empresa.

El Juzgado de Policía Local se declaró incompetente, luego de constatar que el artículo 2 letra e) de la Ley N° 19.496, establece su aplicación para los contratos de compraventa suscritos con inmobiliarias, y no para los contratos preparatorios, lo que se rigen por las reglas generales del derecho civil.

La Corte determinó que la conducta descuidada del cliente excedió los límites de los protocolos y controles de seguridad a los que está obligado al banco, puesto que el fraude se concretó sin vulneración a las redes propias de la institución financiera, sino que con la entrega de claves.

El jardín denunciado desmintió todas las acusaciones sobre el supuesto castigo que se le habría impuesto a los menores por orinarse, hecho que no fue acreditado por la madre denunciante.

La Corte rebajó el monto indemnizatorio establecido por la jueza a quo luego de determinar que el actor no presentó evidencia que permitiera avaluar los bienes extraviados en el monto demandado.