Atendido que el proveedor corrigió las observaciones realizadas por el SERNAC en una fiscalización, y que ese servicio no constató dicha corrección en más de 2 años, el Tribunal decidió sólo amonestar a la empresa denunciada, por considerarlas circunstancias favorables a esta última.

Dicha omisión configura una infracción al artículo 3° letra b) de la Ley del Consumidor, toda vez que incumplió su obligación de otorgar información veraz y oportuna al consumidor.

El demandado no puede ser considerado un proveedor de servicios en los términos que establece la Ley del Consumidor, esto porque no se encuentra acreditado en la causa que su actividad le reporte algún beneficio económico.

El artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.855 establece la obligación de las instituciones financieras de otorgar la escritura de alzamiento de hipoteca y gestionar su cancelación en el Conservador dentro del plazo máximo de 3 años, cuando los créditos garantizados estuvieran íntegramente pagados.

No puede eximirse del deber de custodia sobre los vehículos estacionados aun cuando alegue que el sector de estacionamientos sólo fue construido para dar cumplimiento a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El Juzgado de Policía Local había acogido la demanda de perjuicios tanto por daño moral como por daño emergente, sin embargo, en alzada la Corte desestimó el resarcimiento del primero por no haber sido acreditado.

El funcionario del SERNAC consignó en el acta de fiscalización que la denunciada no tenía a disposición del público el listado de derechos y obligaciones de los consumidores, así como tampoco exhibía el horario de funcionamiento y el procedimiento a seguir en caso de pérdida del ticket.

El Tribunal desechó la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la empresa, y determinó que para efectos de la Ley N° 19.496, todas las sociedades que comparten el mismo controlador constituyen una unidad económica.

El Tribunal desestimó la alegación de la empresa relativo a que la Ley N° 19.496 no le sería aplicable por no existir una relación de consumo con los usuarios, pero la absolvió del pago de la multa por no haberse acreditado el supuesto de hecho que fundamentó la denuncia.

El Tribunal descartó la excepción de falta de legitimación activa del demandante, por cuanto basta con ingresar al establecimiento comercial para ostentar la calidad de consumidor, sin ser necesario concretar algún acto jurídico.