El fallo de primera instancia desestimó las alegaciones de los estudiantes afectados por falta de pruebas que dieran cuenta del incumplimiento del contrato de educación, pero la Corte revocó esa decisión tras establecer que la prueba del cumplimiento era carga del proveedor denunciado.

La disposición de zonas de estacionamiento en un recinto comercial, la mayoría de las veces es determinante para que el consumidor se decida a concurrir a ese recinto comercial, por las facilidades que se otorga y la sensación de seguridad que brinda.

Se descartó también la infracción al artículo 3 letra b) de la Ley del Consumidor, tras estimar que no se puede desprender una obligación en particular para el proveedor de una norma de carácter genérico como la referida.

El tribunal estimó que es absolutamente posible que el titular haya facilitado sus claves y tarjeta física a un tercero para que realice la operación en su lugar, lo que, sumado a operaciones similares efectuadas en la misma cuenta, permiten inferir que no se trata de operaciones inusuales o sospechosas.

Quedó establecido que la proveedora contravino el deber de respetar los términos y condiciones pactados, y causó menoscabo al consumidor desde que vendió un producto con fallas, sin ofrecer una alternativa proporcional atendida la falta de stock.

El artículo 17 J de la Ley del Consumidor dispone que la ficha explicativa debe contener, entre otras, información relativa a los deberes y responsabilidades en que está incurriendo el avalista, fiador o codeudor solidario, según corresponda, incluyendo el monto que debería pagar.

La acción de protección no es la vía idónea para resolver el asunto planteado, pues requiere una declaración previa de derechos y obligaciones en un juicio de lato conocimiento, no existiendo en consecuencia, derechos indubitados que cautelar.

La buena fe permite a la consumidora confiar en la veracidad de la información entregada por el Banco y sus dependientes, por lo que resulta entendible que haya firmado una promesa de compraventa a instancias de lo comunicado por su ejecutivo, que garantizó vía correo la aprobación de un crédito hipotecario.

El Tribunal de segunda instancia confirmó la decisión que condenó a la empresa denunciada, con declaración de que se impone una multa por cada infracción cometida.

Al imputar la infracción legal de publicidad engañosa, el SERNAC incurre en una confusión de conceptos, puesto que lo que se promociona como ilimitado era la capacidad de datos medidos en gigas, y no la velocidad de navegación que se mide en megas.