La violencia entre estudiantes es un problema que ha trascendido los límites de los establecimientos educacionales. Hoy en día, los conflictos no se limitan al espacio físico de la escuela, y con el aumento de las interacciones en redes sociales y otros entornos.
La iniciativa analizada en la Comisión de Educación contó con un amplio debate por parte sus integrantes. La norma tiene como propósito promover el respeto por los símbolos representativos de los valores patrios y la pertenencia a la nación chilena.
Únicamente inciden en la ley orgánica constitucional (art. 19 N° 11, inciso quinto), lo referido a los requisitos mínimos de los niveles de la enseñanza básica y media, a las normas objetivas y de general aplicación que permiten al Estado asegurar su cumplimiento, junto a los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.
La moción que contó con el respaldo unánime de la Comisión de Educación del Senado, ahora será votada por la Sala.
Fue aprobado en general y en particular en primer trámite constitucional por la Sala del Senado y despachado a la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto de ley iniciado por moción, patrocinada por la senadora Provoste y los senadores Ossandón, García Ruminot y Latorre, que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal del colegio al no renovar la matrícula del educando, cuyos derechos se encuentran garantizados y protegido por la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos y vigentes en Chile, como la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.
