SERNAPESCA denunció a una comercializadora que en septiembre de 2020 no pudo justificar de dónde obtuvo tal cantidad de producto para la venta, aplicando las reglas del artículo 116 de la Ley General de Pesca para el cálculo de la multa, la que fue confirmada por el máximo Tribunal.
El artículo 55 letras Ñ y O de la Ley General de Pesca establece un procedimiento administrativo ante el Servicio, por lo que no corresponde la intervención de la jurisdicción civil en los hechos denunciados.
SERNAPESCA obtuvo lo solicitado en su petición subsidiaria ante el tribunal y se multó a la empresa denunciada, por lo que no existe un agravio en contra de la parte vencedora.
La actividad pesquera y acuícola forman parte de las labores con mayor relevancia para el sustento alimentario, económico, social y cultural de millones de personas en el planeta.
La infracción pretende sancionar la falta de honestidad en las declaraciones informadas al Servicio, a fin de resguardar los recursos hidrobiológicos a través del establecimiento de sanciones.
Se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia; designándose como redactor al Ministro Aróstica.
La pesca artesanal ha debido adaptarse a la realidad sanitaria producida por el virus COVID-19, lo cual ha provocado un importante remanente de cuota de pesca que no fue extraído el año 2020.
La instancia parlamentaria concluyó con la votación de las indicaciones al mensaje que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
