Denunciaron que el decreto impugnado reduce las cuotas de manera arbitraria, afectando tanto a los pescadores industriales como artesanales, quienes ven perjudicados sus derechos sobre las licencias y las cuotas asignadas, sin el respaldo de un informe científico actualizado que justifique la modificación de las cuotas anuales de captura.
Se descarta la falta de razonabilidad y de proporcionalidad, pues la actividad pesquera puede y debe regularse de forma tal que permita la convivencia de diversos derechos constitucionales, fundándose en el derecho a desarrollar una actividad económica lícita, en el derecho de propiedad privada y en la libertad para adquirir toda clase de bienes.
El magistrado acogió la denuncia por la extractiva de 44 toneladas de erizos, descubierto al fiscalizar la embarcación “Doña Leda”, proveniente de la región de Los Lagos.
No resulta aplicable el artículo 13 de la Ley de Transparencia invocado por SERNAPESCA que permite a un órgano requerido de información derivar a otro organismo de la Administración que se encuentra en mejor posición para satisfacer los antecedentes, pues los datos solicitados por el ciudadano se encuentran en su poder.
En lo principal, se busca endurecer la regulación aplicada a los escapes masivos de salmónidos desde centros de cultivo. Asimismo, avanza en mejorar la transparencia y la información del sector acuícola.
Vulnera la garantía de un justo y racional juzgamiento.
Vulnera la garantía de un justo y racional juzgamiento.
Los requisitos para inscribirse y la existencia del Registro no limitan los derechos a la libertad de trabajo, tampoco la libertad de desplazamiento de los pescadores artesanales.
La propuesta fue debatida y aprobada conforme a los acuerdos alcanzados en la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado y que pasan por una nueva redacción que entrega el beneficio solo a la pesca artesanal y con alcances especiales para la merluza común.
