El Senado mexicano aprobó reformas que modifican el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, estableciendo sanciones a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.