El proyecto propone eximir temporalmente de ciertos requisitos a familias cuyas viviendas han sufrido daños por efectos de socavones y a su vez potenciar la coordinación entre los distintos entes públicos encargados de políticas habitacionales.

La propuesta, derivada a segundo trámite, agiliza diversos procedimientos administrativos de manera de promover trámites más acotados y simples. Además, en la sesión se aprobó un acuerdo internacional administrativo en materia de coproducción cinematográfica y audiovisual con España.

La propuesta aprobada por la Comisión de Vivienda establece plazos de 30 días para que la Dirección de Obras Municipales (DOM) se pronuncie sobre estos permisos y las responsabiliza, al igual que a otras entidades, por las demoras en el despacho de instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

Buena parte de las observaciones que pueden plantearse sobre la norma consultada provienen de la postura que la Corte Suprema ha mantenido en torno a iniciativas que, como la de ahora, consagran un procedimiento contencioso. Bajo este prisma, se advierte que en varios aspectos el artículo 118 ter recoge esa posición del máximo tribunal, aunque en otros los pasa por alto.

Se aprobaron una serie de indicaciones consensuadas entre las y los diputados y el Ejecutivo, en cuanto a sumarios y suspensión de obras.

Las infracciones a la LGUC, a su ordenanza general e instrumentos de planificación territorial se sancionan con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra.

No es posible entender que se está en presencia de una urbanización únicamente cuando se desarrolle la totalidad de las obras precisadas en la ley general de urbanismo, como lo entiende dicho servicio.

El requirente alega que establece un mecanismo sancionatorio sin que la multa se encuentre graduada en función de la gravedad de las contravenciones punibles a sancionar, lo que contraviene diversas normas constitucionales. También solicita se declare inaplicable la norma que niega el recurso de casación en los procedimientos seguidos ante los jueces de policía local.

El requirente alegó que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias. El voto del Presidente no dirime el empate en requerimientos de inaplicabilidad.

La requirente estima que la declaratoria significa una carga totalmente desproporcionada que coarta su patrimonio.