El requirente estima que la sanción resulta desproporcionada y carente de fundamentos, y vulnera, entre otros derechos, la igualdad ante la ley.

La norma satisface estándar constitucional exigido en virtud de los principios de legalidad y proporcionalidad

Las declaratorias de utilidad pública constituyen herramientas indispensables para la planificación del territorio urbano.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera sus garantías de igualdad en la repartición de las cargas públicas, libertad económica y propiedad.

El requirente sostiene que se le aplica una sanción injusta que no puede impugnar, vulnerándose sus garantías constitucionales.

El precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador lo que contraviene abiertamente el texto constitucional, sostiene el requirente.

Se alega que la sanción establecida otorga una discrecionalidad a los Juzgados de Policía Local que contravendría los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad contenidos en la Constitución.

El requirente estima que la preceptiva legal objetada prescinde de todo criterio, tanto de la conducta ilícita tipificada, como de la consiguiente sanción aplicable.

Busca proteger el uso de los suelos, evitando que aquellos terrenos definidos por las autoridades cambien su uso agrícola, ganadero o forestal, de manera arbitraria por uno habitacional, y generar una mejor coordinación entre los diferentes organismos públicos vinculados en la materia.

La recurrida cuenta con las autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y de la Municipalidad, lo cual excluye la posibilidad de tipificar como ilegal y arbitrario su actuar.