La Corte determinó que las comunicaciones entre el cliente y la empresa, donde esta última ofrecía ayuda para reparar el desperfecto, eran prueba suficiente para determinar la responsabilidad del proveedor.

En primera instancia, el tribunal rechazó la denuncia infraccional del SERNAC, tras determinar que el requerimiento de antecedentes se efectuó en el ejercicio de una fiscalización, sin contar con dicha potestad, pues no estaba vigente aún en la Región Metropolitana.

No le correspondía a él probar que no fue quien realizó compra porque poner de su cargo la prueba se opone a la Ley N° 19.496 y a los principios que la inspiran.