Como se ha sostenido de manera reiterada, el artículo 4º de la ley 20.000 no ha creado una figura delictual diferente del tráfico de estupefacientes contemplado en el artículo 3º inciso primero de la citada ley.

No se advierte la forma en que la realización de los exámenes toxicológicos pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado y se trata de medidas establecidas para transparentar la función parlamentaria.

El mismo hecho ampara la entrada y registro al domicilio del imputado, lugar en que Carabineros incautó más de 5 kilos de marihuana lista para ser distribuida en pequeñas dosis.

El artículo 3 de la Ley N°20.000 y su respectivo reglamento no exigen tal requisito, por lo que omitir el nivel de toxicidad de la droga no vulnera el debido proceso al comprobarse que la sustancia prohibida sí posee componentes sicotrópicos.

Las coordenadas del sistema de posicionamiento global, son un hecho público y notorio, por lo que su obtención no lesiona la inviolabilidad del hogar si se utilizan como referencia para ingresar e incautar especies del delito.

En la especie, en Ministerio Público no se infringe con ello los requisitos de los artículos 23 y 25 de la Ley N°20.000, ni se vulnera el debido proceso.

Testimonio de funcionario del OS7 que realizó compra de droga a la recurrente y autorización del Ministerio Público para el uso de agente revelador, son antecedentes suficientes para que el ingreso y registro al domicilio de la imputada fuera autorizado.

Faculta a los Jueces de Garantía a disponer la enajenación temprana de bienes incautados cuya custodia sea difícil e incorpora el “comiso por equivalencia”.

Las reglas de levantamiento de evidencias contenidas en el artículo 41 de la Ley N°20.00 son normas de carácter administrativo, por lo que su contravención no perjudica real y efectivamente los derechos procesales del acusado.