En atención al principio de especialidad, las normas generales en materia de insolvencia no se aplican al crédito solidario, ya que la Ley Nº19.287 otorga un trato más favorable para el deudor, disponiendo una serie de beneficios para facilitar el pago de la deuda de estudios superiores; por lo que dicho crédito no puede ser incluido en la liquidación concursal iniciada por la fallida.
El artículo 2 N°28 de la Ley N°20.720 hace aplicable las reglas comunes del juicio civil a aquellos procedimientos accesorios al concurso, en relación con el artículo 157 de Código de Procedimiento Civil.
Este beneficio o “descargue” tiene efecto personal, y permite al fallido volver a emprender luego de recuperar la administración de sus bienes, sin embargo, las obligaciones subsisten para ser cobradas al codeudor solidario, según los establece el artículo 255 de la Ley N°20.720.
Es necesario acreditar conjuntamente la existencia de juicios pendientes que afecten el patrimonio del peticionario y de esta forma corroborar el mal estado de sus finanzas.
Ex alumno de dicho plantel incluyó la deuda de estudios dentro de la liquidación concursal de sus bienes, en circunstancias que el artículo 8 de la Ley N°20.720 excluye de este proceso a aquellos créditos regulados en leyes especiales.
Las Leyes que regulan el financiamiento estudiantil son de carácter especial y priman sobre la Ley N°20.720 en materia de insolvencia.
La ley N°20.027 prima por sobre ley N°20.720, en atención al principio de especialidad normativa, en armonía con lo establecido en los artículos 4 y 13 del Código Civil.
De esta forma, se cumple el principio par conditio creditorium reconocido en la Ley N°20.720.
Las normas de la Ley N°20.720 son de carácter general y no pueden primar sobre normativa especial en cuanto a las deudas contraídas mediante Crédito con Aval del Estado.
