Por más de seis meses el actor no cumplió con la carga de notificar a todas las partes la resolución que recibió la causa a prueba, asilándose en la suspensión de plazos del artículo 6 de la Ley Nº21.226, tesis que fue descartada por el máximo Tribunal, al puntualizar que la inacción del demandante es incompatible con su intención de colaborar con el proceso.