La moción persigue establecer que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos no es sólo un deber de abstención o de no injerencia en ellos, sino que corresponde a la adopción de determinadas acciones que permitan al particular identificar las posibilidades de vulneraciones que pueda cometer, expresar su compromiso de adoptar medidas que supriman o disminuyan esos riesgos y evaluar periódicamente esas medidas.