Desde la fecha de la resolución ha habido peticiones aún no resueltas por el Tribunal, de prescripción de las pensiones decretadas y de suspensión de las medidas de apremio.

Los derechos a la protesta y a la libertad de expresión para nada deben entenderse en términos absolutos, sino que, por el contrario, pueden encontrar límites en fundamentos tales como la seguridad, el orden público, la salud y moral públicas, como también la protección de derechos y libertades de terceros.

La permanencia de la amparada no se ve amenazada y en ningún momento el órgano recurrido le impidió circular por el territorio nacional.

Los tribunales de instancia están obligados a ponderar la opinión objetiva de especialistas externos a la institución en que se encuentra el paciente para pronunciarse respecto a la prórroga de la hospitalización.

La sentencia y votos disidente, con sus fundamentos, así como los votos particulares, serán expedidos dentro del plazo legal que vence el día 1 de febrero de 2021