La recurrida informó que rechazó el beneficio basándose en el informe psicosocial de Gendarmería, que evidenciaba no tener arrepentimiento, un alto riesgo de reincidencia, carencias en áreas clave, y un ambiente familiar criminógeno, considerando imprescindible la continuidad de las intervenciones en régimen cerrado.
El nuevo Decreto representa un importante cambio en las regulaciones para obtener la libertad condicional en Chile. Con mayores exigencias y una mayor participación de las víctimas, este decreto busca fortalecer el sistema penitenciario y garantizar una justicia más equilibrada.
Lo anterior, ya que se ve afectada la posibilidad que le asiste de postular al beneficio de libertad condicional, por cuanto los hechos que originan la sanción no son de aquellos que alteren el régimen penitenciario al tenor del artículo 76 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
Los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación y, porque, no es aplicable en la especie el artículo 18 del Código Penal, ya que la modificación del Decreto Ley es una norma posterior especial cuya aplicación debe primar, señala el voto en contra.
El máximo Tribunal resolvió que la recurrida no puede exigir requisitos dictados con posterioridad, pues aquello torna más gravosa la situación del amparado y atenta contra el principio pro reo.
En definitiva, la naturaleza jurídica del derecho penitenciario es una situación que está lejos de ser zanjado. En efecto, tendemos observar en la jurisprudencia de nuestras diversas Magistraturas que existe una propensión por reconocer su naturaleza administrativa, pero no deja de existir aquella doctrina minoritaria que intenta mantener el espíritu penal sobre este derecho, con el propósito principal de extender las garantías penales de esta última ratio, a fin de que los distintos penados puedan verse favorecidos más pronto que tarde, por alguno de los beneficios intrapenitenciarios que contempla nuestro actual sistema.
Establece que el informe que emite Gendarmería de Chile debe ser considerado por la Comisión que resuelve la concesión del beneficio, como un “antecedente calificado” al momento de resolver la solicitud.
Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento penal respectiva.
La resolución impugnada, al no hacerse cargo suficientemente del contenido de tales antecedentes y rechazar la solicitud del beneficio, deviene en arbitraría y vulnera el derecho a la libertad y seguridad individual del amparado.
La no postulación encuentra fundamento en que el amparado fue condenado, entre otras, a dos penas por dos delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, de modo que aquel debe reunir los dos tercios de las referidas condenas, informa Gendarmería, mientras que el amprado sostiene que basta que haya cumplido 10 años como mínimo.
Se propone que el Juez de Garantía autorice los permisos de salida a los condenados que requieran dos tercios de la pena cumplida para acceder a la libertad condicional.
