La negativa a conceder la libertad condicional no se ajusta a derecho, ya que Gendarmería informó que el amparado cumple el tiempo mínimo requerido, presenta un riesgo de reincidencia bajo, cuenta con una red de apoyo familiar que favorece su reinserción social y ha demostrado conciencia del daño causado y motivación al cambio.
El tiempo mínimo de la pena para postular a la libertad condicional se determina individualmente, aplicando a cada una de las penas impuestas la proporción que debe cumplir según el delito cometido, para luego, y una vez que se ha establecido cada uno de los tiempos mínimos, se establezca aquel de manera global, tras la sumatoria de los períodos resultantes, a diferencia del razonamiento de la recurrida, en cuanto a realizar el cómputo en bloque.
Esta haciendo uso de beneficios intrapenitenciarios; se encuentra en el CET, con buena conducta y favorable disposición a los procesos de reinserción; ha presentado avances significativos en cuanto a la conciencia del delito y del daño causado; no presenta habitualidad conductual.
El nuevo Decreto representa un importante cambio en las regulaciones para obtener la libertad condicional en Chile. Con mayores exigencias y una mayor participación de las víctimas, este decreto busca fortalecer el sistema penitenciario y garantizar una justicia más equilibrada.
Lo anterior, ya que se ve afectada la posibilidad que le asiste de postular al beneficio de libertad condicional, por cuanto los hechos que originan la sanción no son de aquellos que alteren el régimen penitenciario al tenor del artículo 76 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
Los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación y, porque, no es aplicable en la especie el artículo 18 del Código Penal, ya que la modificación del Decreto Ley es una norma posterior especial cuya aplicación debe primar, señala el voto en contra.
El máximo Tribunal resolvió que la recurrida no puede exigir requisitos dictados con posterioridad, pues aquello torna más gravosa la situación del amparado y atenta contra el principio pro reo.
En definitiva, la naturaleza jurídica del derecho penitenciario es una situación que está lejos de ser zanjado. En efecto, tendemos observar en la jurisprudencia de nuestras diversas Magistraturas que existe una propensión por reconocer su naturaleza administrativa, pero no deja de existir aquella doctrina minoritaria que intenta mantener el espíritu penal sobre este derecho, con el propósito principal de extender las garantías penales de esta última ratio, a fin de que los distintos penados puedan verse favorecidos más pronto que tarde, por alguno de los beneficios intrapenitenciarios que contempla nuestro actual sistema.
Establece que el informe que emite Gendarmería de Chile debe ser considerado por la Comisión que resuelve la concesión del beneficio, como un “antecedente calificado” al momento de resolver la solicitud.
Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento penal respectiva.
La resolución impugnada, al no hacerse cargo suficientemente del contenido de tales antecedentes y rechazar la solicitud del beneficio, deviene en arbitraría y vulnera el derecho a la libertad y seguridad individual del amparado.
