En definitiva, la naturaleza jurídica del derecho penitenciario es una situación que está lejos de ser zanjado. En efecto, tendemos observar en la jurisprudencia de nuestras diversas Magistraturas que existe una propensión por reconocer su naturaleza administrativa, pero no deja de existir aquella doctrina minoritaria que intenta mantener el espíritu penal sobre este derecho, con el propósito principal de extender las garantías penales de esta última ratio, a fin de que los distintos penados puedan verse favorecidos más pronto que tarde, por alguno de los beneficios intrapenitenciarios que contempla nuestro actual sistema.

Establece que el informe que emite Gendarmería de Chile debe ser considerado por la Comisión que resuelve la concesión del beneficio, como un “antecedente calificado” al momento de resolver la solicitud.

Los permisos de salida que beneficiaren a condenados por los delitos que requiriesen de los dos tercios de la pena cumplida para acceder al beneficio de la libertad condicional, serán autorizados por el juez de garantía de la comuna de asiento penal respectiva.

La resolución impugnada, al no hacerse cargo suficientemente del contenido de tales antecedentes y rechazar la solicitud del beneficio, deviene en arbitraría y vulnera el derecho a la libertad y seguridad individual del amparado.

La no postulación encuentra fundamento en que el amparado fue condenado, entre otras, a dos penas por dos delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, de modo que aquel debe reunir los dos tercios de las referidas condenas, informa Gendarmería, mientras que el amprado sostiene que basta que haya cumplido 10 años como mínimo.

Se propone que el Juez de Garantía autorice los permisos de salida a los condenados que requieran dos tercios de la pena cumplida para acceder a la libertad condicional.

El Senado aprobó por unanimidad el informe que elaboró la Comisión Mixta de senadores y diputados a la iniciativa que, entre otras medidas, establece que las víctimas serán informadas cuando condenados soliciten el beneficio.

El juzgado desconoció el principio de primacía de los derechos y de interpretación restrictiva. Este principio le indica al operador del derecho que interprete la totalidad de las disposiciones de la manera que mejor consulte el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.

La Comisión Mixta encargada de zanjar las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados, llegó a acuerdo en las tres materias pendientes por lo que solo queda que sean votados por las respectivas salas.

Hunter Biden fue acusado de cometer delitos de evasión tributaria y de haber obtenido una licencia de armas en forma ilegal. El tribunal confirió un plazo de 30 días a las partes para alcanzar un nuevo acuerdo que subsane las objeciones planteadas.