Corresponde a los tribunales determinar si el tiempo de pena cumplido por el recurrente lo habilita o no para optar al beneficio, por lo que Gendarmería no puede establecer de forma administrativa la improcedencia de la postulación del actor.

La resolución denegatoria indica que no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social, toda vez que no existen antecedentes que den cuenta que rechace explícitamente el delito cometido ni del mal causado por aquél.

El Tribunal de alzada estableció falta de fundamentación en la resolución impugnada, dictada por la Comisión de Libertad Condicional, que rechazó la solicitud del amparado. 

Ahora corresponde que el proyecto sea analizado en particular para lo cual se abrió un plazo para presentar indicaciones. El Ejecutivo anunció que haría propuestas para perfeccionar el texto.

Incurre en error la recurrida al sumar todas las condenas y aplicar un límite de dos tercios, toda vez que aplica un tiempo mínimo de dos tercios a sanciones respecto de la cuales el legislador no ha exigido un tiempo mínimo mayor. Se ordenó a Gendarmería postular al proceso correspondiente al primer semestre del año 2023 al amparado.

El máximo Tribunal descartó actuar arbitrario de la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Temuco que denegó la solicitud del condenado, por no cumplir con los requisitos para acceder al beneficio.

De acuerdo al informe psicosocial reúne las condiciones para acceder al beneficio solicitado, unido a que desde marzo de 2022 cuenta con los beneficios de salida dominical y trimestral habiendo dado cumplimiento a los mismos.

No es requisito para postular a la libertad condicional respecto de delitos de lesa humanidad que en la causa haya sido reconocida alguna de las atenuantes de los números 8° o 9° del artículo 11 del Código Penal.

El amparado se encuentra cursando primer año de enseñanza media y realiza labores de albañilería y madera en el CET, sumado a que tiene un grupo familiar que le brindaría apoyo a objeto de evitar posibles conductas de riesgo.

Si bien no es posible determinar la sentencia que el actor recibiría si fuera declarado culpable en Estados Unidos, sí tendría la oportunidad de ofrecer evidencia sobre cualquier factor atenuante, y el juez estaría obligado a tomar en cuenta las sentencias dictadas en casos análogos. También tendría derecho a apelar contra cualquier fallo impuesto.