Cuestionó la legalidad del acto por no cumplir los requisitos establecidos en el Código de Seguridad Interior. Las autoridades han advertido sobre la violencia del grupo, que ha llevado a cabo ataques contra la propiedad privada y las fuerzas de seguridad.

Los actores acusaron que el Tribunal Supremo de la colectividad les aplicó la sanción de expulsión en un procedimiento en que no se les permitió ejercer su derecho a defensa, ni presentar pruebas, vulnerando con ello el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Se observa que los solicitantes no aportaron ninguna prueba de urgencia o extrema gravedad, ni prueba de daño irreparable, que resultaría de la aplicación del Decreto. En efecto, solo solicitan la medida sin demostrar la existencia de las condiciones exigidas por el artículo 27(2) del Protocolo. En el presente caso, la solicitud de suspensión no puede ser acogida.

Se hace observancia de los lineamientos de la OIT y se establece un catálogo de derechos que los Estados deben respetar obligatoriamente. Establece un Consejo Laboral que deberá implementar las disposiciones del Capítulo.

El requirente alegó que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio, la igualdad ante la ley, el derecho a una justa retribución, a desarrollar una actividad económica, de propiedad, entre otras garantías constitucionales.

Con ello, se afectó la libertad de asociación del actor.

Las excepciones al derecho a la libertad de asociación y de reunión deben interpretarse de forma restrictiva, de modo que su enumeración sea estrictamente exhaustiva y su definición necesariamente restrictiva.

Si bien la solicitud fue rechazada sin expresión de razones, la inadmisión no es arbitraria puesto que dicha decisión se fundó en las normas estatutarias.