Busca resaltar la importancia de la comunicación social y la libertad de informar, incluyendo el reconocimiento del aporte de quienes desarrollan actividades de comunicación desde una perspectiva independiente o comunitaria.
Para poder captar, reproducir y/o publicar la imagen de una persona es indispensable su consentimiento inequívoco.
El requirente alega que las normas legales objetadas infringen la libertad de expresión y de opinión, el principio de legalidad, la igualdad ante la ley, ya que no existe ninguna explicación para otorgar mayor gravedad a dichos que se refieren a una persona que detenta reconocimiento público por ser periodista en relación a otra común y corriente.
La libertad de expresión de un profesional de la información, ejercitada a través de un medio de prensa, admite que este realice valoraciones personales, acudiendo incluso a la exageración y la crítica hiriente
Lo planteado en el recurso no dice relación con la inexactitud o falsedad de la noticia. Lo que se pretende es que se reconozca el denominado “derecho al olvido”, que no está reconocido explícitamente en nuestro orden constitucional.
Tampoco el que una noticia se divulgue por un medio de comunicación justifica que se pueda reproducir dicha noticia sin consecuencias por la falta de veracidad de dicha información.
No obstante, los medios de comunicación pueden publicar información referida a la identidad de la persona si son de interés general, pues prevalece la libertad de información.
La veracidad no supone la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o no probadas.
El reportaje neutral o información neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo transcrito, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias.
Alega que la decisión fue arbitraria ya que otorgó un tratamiento diferenciado respecto a otro tipo de casos e imputados.
Toda investigación contra una persona, en cualquier nivel, sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo goza de la más alta relevancia e interés público, y constituye, a todas luces, un hecho noticioso que debe ser objeto de escrutinio a través del ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información.
