En estas, se abordarán temas sobre derechos de las mujeres, personas mayores, personas afrodescendientes, pertenecientes al colectivo LGBTI, personas con discapacidad, en situación de movilidad y procesos de asilo; así también sobre libertad de expresión, libertad de religión, autonomía universitaria, delitos cibernéticos, extracción de minerales, acceso a la salud y violencia de género.
Las propuestas, elaboradas por personas y organizaciones de la sociedad civil, debían reunir 10 mil patrocinios ciudadanos para ser discutidas por los integrantes del órgano que redactará la propuesta de nueva Carta Magna.
El principio de separación de religión y política, reconocido en la Constitución, describe la separación entre religión y política donde no hay interferencia o influencia mutua. De conformidad con este principio, el Estado no debe conferir privilegios a una religión en particular y debe mantener la neutralidad hacia la religión. Esta neutralidad es necesaria para la plena realización de la libertad religiosa.
