No se advierte una vulneración de la igualdad ante la ley y de la libertad del trabajo del recurrente, ya que la decisión cuestionada se encuentra justificada en la necesidad de resguardar los derechos del imputado, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Código Procesal Penal.
Requerimiento de juezas titulares del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y Marco Enrique Ominami.
No se han acreditado, en la sede correspondiente, los hechos que motivaron las denuncias de acoso laboral y sexual deducidas en contra del recurrente, por lo que los comentarios y presiones ejercidas por la recurrida, dentro del mismo ámbito profesional y laboral, afectan indudablemente su honra.
El requirente alega que la restricción de su libertad personal resulta desproporcionada, afectando además su garantía a la libertad del trabajo.
En su informe, la Municipalidad de El Bosque dio cuenta de que el recurrente únicamente se acercó a consultar sobre los requisitos para acceder al permiso, pero nunca inició los trámites para que se le otorgase el mismo.
El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado produce efectos contrarios a diversas normas y principios constitucionales.
El requirente estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, ya que viene a otorgar un privilegio injustificado a ciertos trabajadores en perjuicio de los demás, la libertad para desarrollar actividades económicas y el derecho de propiedad.
El requirente estima que la referida declaración resulta improcedente respecto de su realidad empresarial y vulnera sus garantías constitucionales.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
La norma establece una discriminación arbitraria respecto de los médicos que hayan obtenido su título profesional en el extranjero y quieran ejercer en el ámbito de la especialidad o subespecialidad respectiva, limitando su ejercicio al sector público.
La Carta Fundamental establece una acción especial para reclamar una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, lo que deriva en la improcedencia de esta vía cautelar.
