Si bien existe un interés público en prohibir la prostitución en determinadas zonas del municipio para preservar la tranquilidad nocturna de los residentes de zonas residenciales y a fin de garantizar el orden público y la paz, basta con una prohibición limitada a las inmediaciones de estas zonas por lo que ampliar el perímetro de protección a 100 metros no resulta necesario para alcanzar los objetivos deseados.
Esta clase de comercio no sólo incumple la legislación vigente, sino además, produce enormes pérdidas fiscales, pues no paga los impuestos correspondientes, ocupa espacios públicos, viola la propiedad intelectual e incluso puede poner en riesgo al consumidor al adquirir productos de dudosa procedencia, todo ello en la más completa impunidad.
Rechazó el recurso presentado por locatarios del sector Cavancha, descartando la arbitrariedad y falta de fundamento en la resolución de la casa edilicia. El inciso final del artículo 21 de la Ley de Alcoholes reconoce precisamente la facultad legal del Alcalde, con acuerdo fundado del Concejo Municipal, para disponer un horario diferenciado de expendio de alcohol en una determinada zona por sus propias características y necesidades.
Crece el tamaño del estado, se debilita el derecho de propiedad y el estado de derecho, la regulación laboral se rigidiza y se retrocede en el comercio internacional.
La Fiscalía Nacional Económica solicitó se tenga por rechazado el requerimiento interpuesto por la ANFP, alegando que la aplicación de los preceptos impugnados no resulta contraria a la Constitución.
El requirente estima que la exigencia de buena conducta no contiene parámetros objetivos y da pábulo a una total discriminación lo que vulnera las garantías constitucionales que invoca.
El requirente alega que se le obliga a revelar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.
El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.
El requirente alega que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio y, además, sus garantías constitucionales.
La empresa, Astilleros y Maestranzas de la Armada alega que la posible sanción carece de razón y es absolutamente desproporcionada.
La requirente estima que transgreden los límites del principio de publicidad y vulneran su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.
