El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.

El requirente alega que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio y, además, sus garantías constitucionales.

La empresa, Astilleros y Maestranzas de la Armada alega que la posible sanción carece de razón y es absolutamente desproporcionada.

La requirente estima que transgreden los límites del principio de publicidad y vulneran su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

La requirente estima que la normativa impugnada le impone una restricción desproporcionada que afecta en su esencia el principio de tipicidad, libertad de trabajo y económica de la empresa, y su garantía de igualdad ante la ley.

La Segunda Sala señaló que ha logrado formarse la convicción de que concurre, en la especie, la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 84, N°6, de la LOCTC, esto es, adolece de falta de fundamento plausible.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

La sentencia señala que, al producirse una afectación del inmueble, como es en el caso de autos, se limita al dominio de la requirente, situación jurídica que obedece a la aplicación de la norma legal impugnada.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.