La sentencia reafirma la obligación de los centros educativos de garantizar un entorno inclusivo, libre de discriminación y respetuoso con la diversidad, ordenando al colegio revisar su manual de convivencia, ofrecer disculpas al estudiante y ajustar su educación en sexualidad para evitar contenidos discriminatorios.

Lo expuesto no significa que el demandante no tenga derecho a que se proteja su reputación, pero los requisitos de esta protección deben sopesarse frente a los intereses de la discusión pública abierta y blindada por la libertad de expresión; máxime además en contextos de contienda o conflicto, entre otros, de naturaleza laboral o sindical como subyace en el presente litigio.

Las sanciones silenciaron voces independientes importantes de la sociedad rusa sobre cuestiones de interés público de crucial importancia. En general, no había justificación para la restricción impuesta a la expresión pacífica y no violenta de los solicitantes y las restricciones en cuestión formaban parte de una campaña más amplia para silenciar las críticas relacionadas con la acción militar en Ucrania.

En el ámbito de la vigilancia secreta, se exige que toda persona que sospeche que sus comunicaciones han sido interceptadas por los servicios de inteligencia disponga de un recurso efectivo que permita impugnar la legalidad de la intromisión sospechosa o la conformidad con la Convención del régimen de intercepción.

El tribunal colombiano reafirmó la importancia de las redes sociales como espacios de debate público y condenó las prácticas que limitan el acceso a información y restringen la libertad de expresión en estos entornos digitales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia detenciones arbitrarias y condiciones de encarcelamiento violatorias de derechos humanos en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La base legal para la interferencia impugnada no definía el alcance y la manera en que el demandante podía ejercer su derecho a la libertad de expresión, al abrir su página de Facebook a comentarios de terceros, con la suficiente claridad para ofrecerle el grado de protección al que tenía derecho según el Estado de Derecho en una sociedad democrática.

En un escrito amicus curiae, el presidente electo Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que conceda una suspensión temporal de la Ley para permitir la búsqueda de una solución política del caso tras su toma de posesión. Sin embargo, dado que la Ley entrará en vigor antes de su investidura, su petición no tendría efectos inmediatos en el caso.

El caso será revisado por la Corte Suprema, que ha programado la audiencia de argumentos orales para el 10 de enero de 2025. En esta instancia, se determinará si la ley de desinversión contraviene las disposiciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y si las medidas adoptadas son proporcionales a los riesgos invocados por el gobierno.

A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura.