En el ámbito de la vigilancia secreta, se exige que toda persona que sospeche que sus comunicaciones han sido interceptadas por los servicios de inteligencia disponga de un recurso efectivo que permita impugnar la legalidad de la intromisión sospechosa o la conformidad con la Convención del régimen de intercepción.
En un escrito amicus curiae, el presidente electo Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que conceda una suspensión temporal de la Ley para permitir la búsqueda de una solución política del caso tras su toma de posesión. Sin embargo, dado que la Ley entrará en vigor antes de su investidura, su petición no tendría efectos inmediatos en el caso.
El caso será revisado por la Corte Suprema, que ha programado la audiencia de argumentos orales para el 10 de enero de 2025. En esta instancia, se determinará si la ley de desinversión contraviene las disposiciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y si las medidas adoptadas son proporcionales a los riesgos invocados por el gobierno.
A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura.
Cuando el contenido de los sitios de internet tiene relación con noticias de relevancia, no necesariamente aparece un derecho franco a privar de manera indiscriminada a toda una comunidad de la posibilidad del acceso irrestricto a los contenidos así publicados, a pesar de que hayan transcurrido varios años.
El marco normativo debe interpretarse en el contexto de una definición neutral en cuanto al género del concepto de familia, conforme a la Constitución. Asimismo, consideró que la disposición anulada presentaba una redacción ambigua y generaba restricciones que afectaban el contenido informativo relacionado con modelos familiares no tradicionales.
Bloquear a un usuario del debate público que tiene lugar en la cuenta de la red social X de una entidad territorial, creada como una vía de interacción multilateral, constituye un acto de censura proscrito por el artículo 20 de la Constitución Política, siempre que el bloqueo no persiga una finalidad legítima, como proteger los derechos de las personas y defender el debate transparente.
La solicitud de TikTok sigue a un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, que dictaminó de manera unánime que la ley es constitucional. TikTok y ByteDance aducen que dicha legislación viola derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, afectando la libertad de expresión y causando graves perjuicios económicos.
El acuerdo extrajudicial incluye, además de un pago pecuniario de 15 millones dólares, la publicación de una nota del editor en la página de la entrevista original, con una disculpa por las declaraciones que se expresaron incorrectamente. De este modo, las partes pusieron fin al litigio.
Para muchos, el lazo de San Jorge ahora está vinculado a la supuesta valentía militar rusa y simboliza el sufrimiento causado por la agresión de este país. Por ende, no se encuentran motivos para cuestionar los esfuerzos del gobierno ucraniano por abordar los problemas planteados por el conflicto armado.
Los buscadores procedieron a eliminar las URLs que la actora informó en la medida cautelar, por lo que la subsistencia de nuevas páginas de internet y URLs que sigan apareciendo en la web no es imputable a estas demandadas, sino a quienes ejercen el acto de subir la filmación a Internet.
