La finalidad detrás de esta ley proviene de las crecientes preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la seguridad nacional. Se ha alegado que TikTok y otras aplicaciones similares podrían estar compartiendo información de manera indebida con gobiernos extranjeros, lo que plantea riesgos para la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos estadounidenses.

Al no estar prima facie demostrado el carácter antijurídico y lesivo del obrar de la demandada ni el daño ocasionado u amenaza de su producción, esta Sala considera que la pretensión en los términos propuestos no resulta admisible. Más que prevenir un daño, pareciera buscarse una restricción general y para el futuro, que podría comprometer las propias políticas de uso y control de Instagram.

Una de las principales disposiciones de esta ley es la que obliga a las plataformas en línea a eliminar rápidamente el contenido perjudicial de sus sitios, como el que promueve la violencia o el odio, una medida destinada a proteger a los usuarios de Internet, especialmente a los menores de edad.

Los jueces deben decidir si las plataformas de redes sociales deben ser tratadas como operadores comunes, sujetos a regulaciones limitadas sobre la discriminación de contenido, o si tienen más similitudes con los periódicos, que gozan de una amplia libertad editorial.

Los defensores de la ley argumentan que las redes sociales representan un riesgo significativo para la salud mental de los jóvenes al facilitar comportamientos perjudiciales como el ciberacoso. En contraposición, hay quienes sostienen que la supervisión del uso de redes sociales por parte de los menores debe ser responsabilidad de los padres y no del gobierno.

Las autoridades nacionales no demostraron de manera convincente en el razonamiento de sus decisiones que, al rechazar la reclamación del demandante por despido improcedente, se había logrado un justo equilibrio entre su libertad de expresión y el derecho de su empleador a proteger los intereses legítimos de la empresa.

La mera aquiescencia para dejar fotografiarse, como parece desprenderse de la imagen adjunta con la demanda, no implica el consentimiento para publicar ese producto fotográfico. En efecto, captura fotográfica de la imagen y difusión no son conceptos asociados cuya admisión del primero por parte del titular del derecho implique naturalmente el segundo.

No se demostró suficientemente la existencia de un atentado a la dignidad y al honor de la profesión de juez. En sus decisiones, los tribunales nacionales no otorgaron a la libertad de expresión del demandante el peso y la importancia que tal libertad merecía a la luz de la jurisprudencia del TEDH.

El conflicto surge acerca del modo de resguardar la libertad de expresión y el derecho al disenso bajo una emergencia. Para el Tribunal de Apelaciones la conducta del gobierno norteamericano, obligando a las plataformas a censurar contenidos y dar de baja a ciertos, incidió negativamente en el disfrute de esta libertad.

La ordenanza no infringe la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ya que el discurso requerido es factual y no controvertido, y está dirigido a promover un interés legítimo del gobierno en la prevención del suicidio y la salud pública.