La reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su integridad psicológica y, por tanto, entra dentro del ámbito de su vida privada. Dado que el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la libertad de expresión tienen la misma fuerza normativa, corresponde al tribunal que conoce del caso lograr un justo equilibrio entre esos dos derechos en caso de conflicto.

¿Y si ponemos foco en quién realiza esas manifestaciones de opinión sobre los jueces? ¿Es legítima la crítica efectuada por un parlamentario o un miembro del Gobierno sobre la actuación de un juez? ¿Puede ser considerada una intromisión de uno de los poderes del Estado en las funciones de otro? 

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso que presentó el abogado al aplicar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional (TC), que fija que en el ejercicio de sus funciones públicas los jueces pueden enfrentar críticas más duras que los ciudadanos que no ocupan cargos públicos.

La mera alusión a la falsedad de la noticia no es suficiente para tener por acreditada la verosimilitud en el derecho. Tampoco favorece la posición del peticionario de invocar genéricamente derechos personalísimos propios y de su grupo familiar que, por lo demás, no están claramente diferenciados.

Ni la libertad de cátedra ni la libertad de expresión amparan que el recurrente se dirija a sus alumnos haciendo comentarios respecto a su aspecto físico. En este caso se ha sancionado la conducta del recurrente que se concretó en unas expresiones, cuyo contenido es claro, no siendo relevantes esos matices que pretende realizar la parte apelante.

Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pone las cosas claras sobre el inexistente derecho al insulto y lo que dice la última jurisprudencia del Alto Tribunal.

Los documentos privados difundidos a un número limitado de personas deben tener una base fáctica y cuanto más grave sea la acusación, más sólida debe ser esta base. Sin embargo, en el caso concreto los actos denunciados se cometieron sin testigos y la ausencia de una denuncia relativa a tales acciones no puede llevar a calificar su acto como de mala fe.

Las búsquedas se habían centrado únicamente en términos particulares y se llevaron a cabo únicamente dentro de la cuenta en el servicio de mensajería del partido. Las regulaciones del partido establecían que dichas cuentas podían estar sujetas a controles, y que estos debían proteger los intereses del partido. Este razonamiento no fue ni arbitrario ni irrazonable. El actor tuvo la posibilidad de ejercitar varios recursos civiles, pero que optó por no hacer uso de ellos.

La identificación del destinatario de las ofensas no requiere su designación con nombres y apellidos, cuando aquélla resulte posible, siquiera para las personas de su círculo más próximo, por las referencias indirectas o las circunstancias concurrentes.

Ninguna de las autoridades o tribunales nacionales había proporcionado una explicación adecuada de por qué no había sido posible obtener una orden judicial dadas las circunstancias. Además, la legislación lituana también exigía que fuera necesaria una detención de cualquier duración para impedir que el sospechoso huyera o interfiriera en el proceso, pero las autoridades no abordaron los argumentos presentados por el actor con los que había cuestionado la necesidad de la detención.