La acción interpuesta debió haber sido dirigida contra los propietarios de tales sitios y/o autores intelectuales, a los fines de ventilar la suerte del contenido impugnado de falsedad por la actora y generador, desde su óptica, de lesiones a su honor, buen nombre e imagen.

Aunque algunas expresiones sean inexactas o exageradas, prevalece el derecho a la libertad de expresión y de información frente al derecho al honor, pues no existe ninguna necesidad que justifique la injerencia de este en aquellos en una sociedad democrática como la nuestra.

Las frases proferidas por la querellada son frases con una alta carga injuriosa, ofensiva, insultante y denigrante al honor y dignidad del querellante y ello en contraste con la libertad de opinión y de expresión en una sociedad democrática no puede tolerarse.

Existe una actuación del acusado tendencialmente dirigida a demonizar a un grupo colectivo, construyendo su imagen y de sus miembros como seres incapaces de prohijar en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos y potencialmente inclinados al incumplimiento grave de sus deberes paternofiliales.

La asociación demandante no interpuso un procedimiento contencioso administrativo ni alegó que tal recurso fuera inaccesible o ineficaz. Por lo tanto, incumplió la obligación establecida en el Convenio Europeo de utilizar primero todos los recursos disponibles a nivel nacional antes de llevar su caso ante este Tribunal.

Frente al edificio de la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento ruso) y en la plaza Pushkin. Los tribunales nacionales no examinaron si la ubicación alternativa ofrecida habría permitido que la protesta tuviera un impacto significativo. Las autoridades deberían haber garantizado que cualquier ubicación alternativa permitiera que el evento se llevará a cabo dentro de la vista y el oído de su público objetivo.

La sentencia se impuso en aplicación de una ley surcoreana que prohíbe expresar elogios públicos a Corea del Norte. Este no es el primer encuentro del hombre con la justicia por este motivo, ya que previamente estuvo encarcelado durante 10 meses por el mismo delito.

La ausencia de un enfoque diferencial en la atención de salud de las personas trans no son algo que se circunscriba al caso específico. Se trata de una falla estructural que, si bien también se presenta en el sistema general de salud, se agrava al interior de los establecimientos penitenciarios en donde persiste una vulneración masiva de múltiples derechos y, de por sí, un acceso muy limitado y precario a servicios de salud.

Los medios periodísticos no se encuentran necesariamente obligados a efectuar averiguaciones respecto a la veracidad de los hechos que los manifestantes atribuyen a terceros, por cuanto su actividad se encuentra aquí circunscripta a dar cuenta de tal episodio. En efecto, imponer una exigencia de esa especie implicaría una seria cortapisa a la libertad de expresión y al derecho a informar y ser informado.

Dicha medida vulneraría el ejercicio de la libertad de expresión e importaría un acto de censura previa por vía judicial, contrario al ordenamiento supranacional, nacional y local vigente, ya que el ejercicio de tal derecho “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”.