La adopción de esta medida se realiza en el marco del artículo 66.1 del RGPD, que permite a las autoridades de control tomar medidas provisionales con efectos jurídicos en su territorio en circunstancias excepcionales que requieran una intervención urgente para proteger los derechos y libertades de las personas.

Un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.

Toda persona, incluyendo los familiares de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En contextos de desaparición forzada, el derecho a la verdad incluye también el derecho a ser informados de las diligencias practicadas y de los resultados obtenidos. En este caso, más de 41 años desde la desaparición forzada de las víctimas, ha existido una total impunidad.

El actor cuestionó la legalidad de la transcripción de las conversaciones, argumentando que no había sido necesaria para los fines de la investigación. Una serie de supuestos defectos podrían haber sido examinados por los tribunales nacionales como parte de una acción de indemnización. Esa vía habría permitido a los tribunales nacionales abordar el fondo de la queja de los demandantes sobre la Convención.

El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.

El pluralismo y la democracia deben basarse en el diálogo y en un espíritu de avenencia, lo que entraña necesariamente diversas concesiones por parte de los individuos que están justificadas para mantener y promover los ideales y valores de una sociedad democrática.

La conducta desarrollada por el actor no puede enmarcarse dentro del ámbito de la libertad de expresión que todos pueden ejercer según la Constitución, ya que desarrolló en el correo electrónico no cuestionado un discurso relativo al colectivo homosexual que tendía a difamar públicamente a un grupo de personas por razón de su orientación sexual.

El Relator resalta el asesinato de la periodista Francisca Sandoval en el contexto de una protesta en 2022, donde si bien existe información pública sobre el avance en el proceso penal y la próxima realización del juicio oral en contra del acusado, la RELE recibió denuncias de insatisfacción sobre el alcance de las investigaciones y escuchó reproches sobre no auscultar suficientemente omisiones institucionales que pudieran haber facilitado el crimen.

Aunque la Corte Suprema nacional se había referido a los principios aplicables del Convenio y a su jurisprudencia, no estaba convencida de que hubiera logrado un equilibrio justo entre los derechos en conflicto contemplados en el Convenio. En particular, trató al actor como a un periodista de investigación y una “persona pública” y decidió aplicar en su caso la presunción de buena fe aplicable a estos corresponsales”.

La ley define los delitos de odio como aquellos actos delictivos que están motivados por prejuicios o intolerancia hacia una o más características de la víctima, según lo enumerado en la legislación. Además, prohíbe los delitos contra la asociación o el apoyo de una persona con tales características.