Exigir que las plataformas revisen el contenido que los usuarios suben a las redes sociales, es inviable y en extremo dificultoso e importa una afectación a la libertad de expresión.

Los derechos a la protesta y a la libertad de expresión para nada deben entenderse en términos absolutos, sino que, por el contrario, pueden encontrar límites en fundamentos tales como la seguridad, el orden público, la salud y moral públicas, como también la protección de derechos y libertades de terceros.

Existen tres aspectos relevantes que deben evaluarse cuando se pretenda analizar el nivel de riesgo de un periodista que se dedica a la difusión de información, expresión u opinión en asuntos políticos, sociales o a la denuncia de situaciones ilegales: el perfil del comunicador, contenido de la información u opinión que difunde y el contexto del lugar en el cual se desempeña el periodista.

La demandante no usó ningún comentario insultante u ofensivo sobre la autoridad ni adoptó postura en cuanto a la culpabilidad de las personas involucradas, sino que simplemente relató la secuencia de hechos que había presenciado en el camino. Por lo tanto, no se le puede imputar mala fe.

Es imprescindible ejercer la debida diligencia, incluida la supresión excepcional de garantías individuales que no pueden ser utilizadas como verdadero escudo protector para la práctica de actividades ilícitas, ni como argumento para la supresión o reducción de la responsabilidad civil o penal por actos delictivos, so pena de faltar al verdadero Estado de Derecho.

La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.

Se ha subrayado reiteradamente que la Constitución Federal consagra el binomio “libertad y responsabilidad”; no permitir irresponsablemente el abuso en el ejercicio de un derecho constitucionalmente consagrado; no permitir el uso de la “libertad de expresión” como escudo protector para la práctica de discursos de odio.

No cabe estar de acuerdo con la afirmación hecha por el gobierno de que el demandante, como periodista experimentado, debería haber estado al tanto de esos factores sin que la autoridad le diera más detalles.

La sociedad no puede ceder el importante interés legal de proteger especialmente a los niños del abuso por parte de los adultos y promover su desarrollo saludable. Ello incluye no solo la protección contra el abuso infantil en sí mismo, sino también la protección contra la victimización secundaria.

La división entre el relato y la opinión de las periodistas está plenamente diferenciada y, por ende, no vulneraron los derechos fundamentales del accionante. El reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual, que es un discurso constitucionalmente protegido. Demostraron un trabajo investigativo serio, como el que exige la jurisprudencia en torno al estándar de veracidad.