La división entre el relato y la opinión de las periodistas está plenamente diferenciada y, por ende, no vulneraron los derechos fundamentales del accionante. El reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre violencia sexual, que es un discurso constitucionalmente protegido. Demostraron un trabajo investigativo serio, como el que exige la jurisprudencia en torno al estándar de veracidad.

Si bien no puede pasarse por alto el hecho de que la divulgación impugnada se llevó a cabo mediante la sustracción de datos y la violación del secreto profesional al que estaba obligado el demandante, el peso relativo de la información divulgada superó todos los efectos perjudiciales a causa del interés público que suscitó.

La sanción que le fue impuesta tuvo un efecto amedrentador sobre él y fue desproporcionada al fin que perseguía. La aplicación de la figura penal de injurias graves en el caso bajo análisis constituyó un medio indirecto de restricción a la libertad de expresión al afectar sus ámbitos individual y social.

El caso ha generado un gran debate sobre la responsabilidad que cabe a las compañías de internet por el contenido que publican sus usuarios. Si bien algunos esgrimen que es necesario limitar la protección a estas empresas, otros arguyen que ello afectará la libertad de expresión en internet y posibilitará una avalancha de demandas de igual índole.

La veracidad no supone la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o no probadas.

El elemento predominante, que guió la actuación del demandado, era expresar sus ideas, pensamientos y opiniones sobre los hechos objeto del proceso, y sensibilizar a la opinión pública sobre la protección que merecen los derechos humanos.

.Si bien las formas de expresión que utilizaban el humor están protegidas por el artículo 10 de la Convención, también es cierto que están sujetas a los requisitos establecidos por la norma. El derecho al humor no significa que todo esté permitido, y todo aquel que reclame el beneficio de la libertad de expresión también asume deberes y responsabilidades.

El acto de grabar videos tiene derecho a la protección de la Primera Enmienda porque es una etapa importante del proceso de expresión que termina con la difusión de información sobre una controversia pública.

Es necesario determinar si el recurrente actuó como ciudadano o como empleado público cuando envió el video. Si actuó como particular, su discurso puede estar protegido por la Primera Enmienda. Si en cambio, actuó como empleado público, no se protege su expresión y se da por concluida la investigación.

La normativa castigará duramente la publicación y divulgación de noticias falsas destinadas a alentar la desobediencia civil y el malestar de la población. El anuncio se da en un contexto de gran efervescencia social a causa de las multitudinarias protestas que han remecido el país en los últimos meses.