Restringir el acceso de los niños a la información sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, cuando dicha información no pudiera considerarse inapropiada o dañina para ellos por ningún otro motivo que no sea la orientación sexual, demuestra que las autoridades tienen preferencia por algunos tipos de relaciones y familias.

Los medios de prensa están obligados a informar de buena fe para brindar información fidedigna y precisa de conformidad con la ética del periodismo. Ello implica que deben dar al interesado la oportunidad de defenderse mediante su derecho a réplica.

El texto se pide la liberación del periodista Omar Radi y de otros reporteros que han sido privados de libertad por criticar al gobierno. También aborda la presunta participación de Marruecos en los recientes casos de corrupción que han remecido la política europea.

Las premisas fácticas sobre las que se formó la opinión la periodista y su mesa de trabajo fueron objeto de una verificación razonable, que no tenía como finalidad perjudicar al Coronel sino que hacía parte de la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, que comprende el derecho de la sociedad a recibir información y opiniones.

La pancarta no fue utilizada para insultar o denigrar a alguien en particular; se utilizó como una herramienta estilística para expresar el alto grado de desaprobación que los demandantes sentían por el proyecto inmobiliario. La forma controvertida de la protesta, en sí misma, no justifica una restricción a la libertad de expresión en una manifestación sobre un asunto de considerable interés público.

Las declaraciones no pueden interpretarse como destinadas a iniciar un debate público; la redacción y el tono de ninguno de los mensajes del condenado invitan a un intercambio abierto de puntos de vista.

Sus comentarios no se habían limitado a criticar al Islam. En su contexto general se hicieron con una intención discriminatoria, como llamar a los espectadores a rechazar y excluir a la comunidad musulmana en su conjunto. Ello es perjudicial para la cohesión social. La sentencia condenatoria de los tribunales nacionales aparece justificada suficiente y pertinente para la injerencia denunciada.

El juez Urrutia formuló graves recriminaciones a la judicatura por las mutilaciones oculares que sufrieron algunos manifestantes durante el estallido social y calificó de cómplices y encubridores a algunos jueces por las referidas afectaciones a los derechos humanos.

Amenazar con violencia para inducir a un periodista a huir o renunciar es contrario a todas las normas sociales y, por lo tanto, es ilegal; y las autoridades gubernamentales también tienen derecho a la protección contra acusaciones infundadas de delitos graves y difamatorios.

En la audiencia técnica sobre libertad de expresión organizada por la Corte Constitucional, a propósito de este caso y en cuyo desarrollo participó una representante de Facebook en Colombia, la actriz Esperanza Gómez dijo que la decisión de eliminar su cuenta de Instagram se basó en que supuestamente habría promocionado servicios sexuales para adultos, lo que infringió las normas comunitarias de la red social.