Alega que la decisión fue arbitraria ya que otorgó un tratamiento diferenciado respecto a otro tipo de casos e imputados.
El artículo 34 no permite denuncias en abstracto de violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Un solicitante no puede recurrir contra una disposición del derecho interno, una práctica nacional o un acto público simplemente porque le parezca que infringen el Convenio. El actor debe poder demostrar que ha “sufrido los efectos directos” del acto denunciado.
Restringir la libertad de expresión es necesaria en una sociedad democrática para proteger el honor y la reputación del pueblo judío.
Los dichos vertidos a través de YouTube no pueden ser amparados como manifestaciones de la libertad de expresión, puesto que este derecho debe ser considerado de manera armónica con el derecho a la honra de las personas.
Del análisis de los dichos queda claro que no pretendían contribuir a ningún debate serio sobre asuntos religiosos, sino que se realizaron en respuesta a preguntas sobre su vida privada, en un lenguaje frívolo y colorido que pretendía despertar el interés del público joven.
El comportamiento del demandante tuvo la fuerza suficiente para perturbar la paz pública y provocar un impacto generalizado con su declaración: sostuvo su cartel en una conferencia que había atraído gran atención de los medios y era claramente visible para todos los presentes.
Las personas que ejercen funciones públicas o de relevancia social han de soportar el riesgo de que sus derechos subjetivos (entre ellos, el honor) resulten afectados por opiniones de otras personas, en virtud del ejercicio de las libertades de información y expresión.
La Corte nos lleva a un camino peligroso al obligar a los Estados a enredarse con la religión con todos nuestros derechos en juego, sostuvo el voto disidente.
En el caso no habría censura, ya que se trata de noticias y difusiones que fueron reproducidas por aproximadamente 24 años. Tiempo por demás razonable para archivar noticias difamatorias en su momento que al día de hoy carecen de relevancia pública.
La publicación del video es de interés público, ya que permite evaluar la idoneidad de la funcionaria pública para el ejercicio de su función.
