El órgano reconoce avances desde el retorno de la democracia, pero recomienda tomar acciones frente a hechos que amenazan la libertad de prensa.
El Estado chileno tiene el deber de proteger a los manifestantes, por lo que debe adoptar medidas especiales para combatir todas las formas de violencia que se generen en el contexto de protestas sociales.
Durante el 2022 se han registrado alrededor de 11 periodistas muertos.
Las manifestaciones que se realizan en las redes sociales tienen un impacto y repercusión social muy importante, de modo que se debe desalentar la difusión de acusaciones sin contar con pruebas que sustenten la denuncia.
Cuando se denuncian hechos que vulneran derechos fundamentales debe prevalecer la libertad de expresión sobre el derecho a la honra del supuesto agresor.
La sanción disciplinaria impuesta al demandante no satisface ninguna necesidad social apremiante.
La prensa cumple varias funciones en una sociedad democrática; tiene un rol educador porque la prensa actúa como difusor del conocimiento y constituye un mecanismo que contribuye al diálogo social y al debate pacífico en torno a asuntos de interés público.
Los mensajes de odio no están amparados por la libertad de expresión consagrada en el artículo 10 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos.
El uso de cédulas secretas sin haber justificado razonablemente su aplicación, transgrede la libertad de expresión, el derecho a acceso a la información y participación activa en los asuntos públicos del Estado.
La tecnología viene acompañada de riesgos y utilizando el símil del historiador, Yuval Noah Harari -”Un cuchillo puede servir, a la vez, para untar mantequilla en una tostada o para apuñalar a una persona”.
