En la ponderación de intereses en conflicto, tenemos en cuenta que no está presente en la publicidad de la sentencia ninguno de los datos considerados relevantes por el indicado acuerdo del pleno del Tribunal Constitucional para la exclusión de los datos de identidad en publicación de las resoluciones judiciales.

La iniciativa buscaba establecer nuevas obligaciones para las plataformas de redes sociales en la detección, eliminación y notificación de contenidos que se clasifican como desinformación (información falsa difundida intencionadamente) o información errónea (información falsa o engañosa compartida sin intención deliberada de causar daño).

Los tribunales nacionales no proporcionaron razones que justificaran considerar las manifestaciones en cuestión como violentas, ni analizaron adecuadamente la conducta del actor durante estos acontecimientos. Además, tampoco explicaron suficientemente por qué era apropiado castigar al demandante por haber convocado a participar en una reunión pacífica.

Sostiene que sus condenas son incompatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Entre las vulneraciones identificadas, destacan las limitaciones al derecho de libertad de expresión, la falta de acceso a un juicio imparcial y restricciones indebidas a la libertad personal.

La apelación fue presentada por funcionarios del Estado de Luisiana, quienes argumentaron que la orden judicial inicial excedía su ámbito al incluir a todas las escuelas públicas del estado en lugar de limitarse a los distritos escolares que fueron objeto de la demanda.

Los hechos se remontan a enero de 2020, cuando activistas pro democracia aunaron esfuerzos para obtener una mayoría legislativa en el Consejo Legislativo de Hong Kong con el objetivo de influir en la administración gubernamental. Posteriormente, en julio de 2020, se organizaron elecciones primarias no oficiales que atrajeron a más de 600.000 registrados.

El Tribunal rechazó el argumento de los demandantes en relación a la supuesta violación de los derechos de igualdad de protección garantizados por la Decimocuarta Enmienda. En su análisis, los jueces concluyeron que la ley no discrimina por motivos de sexo.

La obligación de la empresa periodística de pagar costos adicionales, incluidos los honorarios de éxito, había sido desproporcionada. Por lo tanto, hubo una violación del Artículo 10 del Convenio en lo que respecta a los honorarios de éxito que se tuvieron que pagar en virtud de los juicios.

En estas, se abordarán temas sobre derechos de las mujeres, personas mayores, personas afrodescendientes, pertenecientes al colectivo LGBTI, personas con discapacidad, en situación de movilidad y procesos de asilo; así también sobre libertad de expresión, libertad de religión, autonomía universitaria, delitos cibernéticos, extracción de minerales, acceso a la salud y violencia de género.

El término «agente extranjero» asignado a las personas físicas o jurídicas demandantes obstaculizó considerablemente sus actividades, ya que les impuso obligaciones adicionales en términos de contabilidad, control, presentación de informes y divulgación, así como un obstáculo para su participación en las elecciones.