El procedimiento generó un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la libertad de expresión de la demandante y de todos los miembros de la judicatura nacional.
El interés de un Estado en proteger la reputación de su Jefe de Estado no puede servir de justificación para concederle un estatuto privilegiado o una protección especial frente al derecho a transmitir informaciones y opiniones que son de interés público.
Los demandantes fueron condenados por los tribunales de Moldovia a retractarse públicamente, y a admitir que el artículo publicado entregaba información falsa.
La recurrida se limitó a reproducir los antecedentes que obraban en una causa penal, realizada dentro de los márgenes de la libertad de expresión y el derecho a la información.
La libertad de expresión, en el ejercicio del derecho de defensa, ha de ser amparada cuando se efectúan afirmaciones y juicios instrumentalmente ordenados a la argumentación necesaria para impetrar la debida tutela en el ejercicio de sus derechos.
El recurso no puede prosperar porque el mismo libelo cita publicaciones y noticias en medios de circulación masiva basados en los comentarios realizados por la recurrida respecto de las situaciones que habría vivido.
El excesivo rigor y la intolerancia llevarían a la autocensura lo que privaría a la ciudadanía de información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes.
El ejercicio del periodismo se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión y su limitación en una sociedad democrática debe responder a razones muy calificadas.
Lo que proscribe el tipo penal es el llamado discurso del odio, que plantea el siempre difícil problema de delimitar qué discursos son punibles y qué otros discursos, por más que sean inaceptables, no pueden ser objeto de sanción penal, bien por estar amparados por la libertad de expresión, bien por resultar desproporcionada la respuesta penal.
El Tribunal de alzada consideró que no corresponde aplicar sanción a la estación televisiva, ya que el condenado hizo uso de su derecho a la libertad de expresión y no se vulneraron las normas del pluralismo político.
