Además, vulneró sus derechos a la garantía judicial y al principio de legalidad.
La denunciante fue requerida por la justicia a revelar sus fuentes.
Miembros de una ONG fueron perseguidos tras expresarse en una protesta.
Los grupos tenían características paramilitares.
Diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley que establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación.
El alto Tribunal colombiano determinó esto, tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas.
