El recurso tenía por objeto el enjuiciamiento de las denunciadas vulneraciones de las libertades de expresión e ideológica del recurrente en el marco de un proceso penal en el que fue condenado por delito de ultraje a la bandera. En concreto, las expresiones que determinaron la condena eran “Aquí tenéis el silencio de la puta bandera” y “hay que prenderle fuego a la puta bandera”.

El TC refiere extensamente a sus decisiones anteriores, en sede de inaplicabilidad, respecto del artículo 2331, ya que según los antecedentes del caso y planteamientos del requerimiento no existen motivos que justifiquen resolver el conflicto de manera diversa.

Concluyó que la norma cuestionada es inconstitucional, ya que obliga a un tribunal a imponer el mismo castigo a un incitador que al autor real de un delito de odio.

La Magistratura constitucional de Colombia adujo que no es el contenido del mensaje lo que se cuestiona sino el medio y el propósito con el que fue empleado, puesto que al utilizarse el logo de la empresa y los colores que la identifican, se pretendió imponer mecanismos sancionatorios, de manera arbitraria, para expresar su inconformidad con la empresa accionante.

La Magistratura rechazó la ponencia presentada por el Ministro Ollero en favor del sindicalista condenado que llamó a quemar la bandera de España.

Según la información recibida por la Relatoría, la Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos y perdigones de forma masiva e indiscriminada que hirieron a manifestantes, con el fin de dispersar las protestas.

El máximo Tribunal brasileño adujo que retirar material de la circulación sólo porque su contenido desagrada a una parte de la población, aunque sea la mayoría, no encuentra fundamento en una sociedad democrática y pluralista como la brasileña.

Además, vulneró sus derechos a la garantía judicial y al principio de legalidad.

La denunciante fue requerida por la justicia a revelar sus fuentes.

Miembros de una ONG fueron perseguidos tras expresarse en una protesta.