Desde el punto de vista de la teoría de los derechos constitucionales cuestionaremos la tradicional aproximación de los efectos verticales entre el titular del derecho y el Estado. El recurso a la figura del Estado parece haber impedido apreciar que el correlativo de los derechos prima facie son los deberes prima facie, cuya responsabilidad corresponde a todos nosotros, los miembros de una sociedad y, de acuerdo con el principio de reciprocidad, a todo ciudadano de forma mediata. Tampoco se trata de efectos horizontales, dado el carácter mediato de los deberes prima facie.

En la demanda se indica que la plataforma no ha puesto a disposición mecanismos suficientes para verificar a los padres o tutores, ni para controlar adecuadamente la privacidad de los menores, lo que habría dado lugar a la divulgación no autorizada de información personal de menores a terceros.

El pasado 9 de octubre, la Cámara de Senadores del Congreso de Paraguay aprobó, con modificaciones realizadas por el Ejecutivo, el proyecto de ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”. La norma abarcaría a entidades que reciban o administren “fondos públicos o privados”, tanto nacionales como internacionales, y que busquen influir en las “políticas, planes y programas públicos”, así como en “la actividad de los Poderes del Estado” y otras entidades gubernamentales.

El magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, Vicente Magro, propone la instauración de lo que denomina «Rincón del orador» en parques públicos para promover la libertad de expresión.

La libertad de expresión de un representante político en el debate parlamentario sería jurídicamente aceptable mientras no implique un delito.

Al sopesarse el daño causado al empleador del demandante con el interés del público en recibir la información divulgada a la prensa por éste, la exactitud de los hechos divulgados y la severidad de la sanción impuesta, se aprecia que la interferencia en la libertad de expresión del actor no fue necesaria en una sociedad democrática.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español ha confirmado la condena al pago de una multa de 1.080 euros por un delito de desobediencia impuesta a un hombre que se negó a vestirse tras presentarse desnudo en una Comisaría de Valencia a presentar una denuncia.

En su decisión, el Tribunal sostuvo que el interés del Estado en garantizar elecciones libres y justas, aunque legítimo, no justificaba la restricción a la libertad de expresión tal como estaba planteada en la legislación.

La ejecución de una sentencia que condena a un periódico y a uno de sus periodistas por el menoscabo de la reputación de un club deportivo debe denegarse en la medida en que entrañe la vulneración manifiesta de la libertad de prensa garantizada por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Los escritos se difundieron con la intención de denunciar unas decisiones que el acusado consideraba abusivas e injustificadas, sin que estuvieran impulsadas por la intención de menoscabar el honor del recurrente. De ese modo, se enfatiza que, aunque los hechos pudieran llegar a erosionar objetivamente el derecho al honor del recurrente, la actuación del acusado estuvo amparada por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.