En 1998, el político y senador paraguayo Juan Carlos Galaverna demandó al diario «ABC Color» y a su fundador y director, Zuccolillo, por calumnia, difamación e injuria. En 2001, este fue condenado a pagar una multa por estos delitos, sentencia que fue apelada y modificada en 2002 a una condena por difamación con una multa mayor.

Las multas se añaden a otros montos acumulados por la empresa. Para poder reanudar sus operaciones, X deberá saldar el total de las sanciones. Por otro lado, el propietario de X, Elon Musk, ha expresado desacuerdo con las medidas adoptadas por el juez Moraes en diversas declaraciones públicas.

Esta sanción es mucho más que una simple cuestión legal; refleja la creciente tensión entre el poder judicial y la plataforma tecnológica global, donde chocan conceptos fundamentales como la libertad de expresión, la soberanía judicial y el inmenso poder que ejercen corporaciones de esta magnitud, especialmente en países como Brasil.

La única opinión negativa de un abogado ante la Corte de Casación no constituía, en las circunstancias del caso, una razón válida para eximir a las actoras de acudir a la Corte de Casación. No dieron a los tribunales nacionales la oportunidad de prevenir o corregir en el orden jurídico interno la presunta violación de la Convención de la que se quejan ante este Tribunal.

Aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, no es absoluta y debe ejercerse respetando los derechos de terceros, como el honor y la reputación empresarial. El Tribunal destacó que las críticas públicas hacia una empresa deben ser veraces y proporcionadas, evitando expresiones injuriosas que puedan dañar injustamente la imagen corporativa.

Los delitos graves de odio constituyen en el sistema europeo de derechos fundamentales un límite objetivo a la libertad de expresión. Sin embargo, como cualquier límite a los derechos fundamentales, han de ser objeto de interpretación restrictiva.

Los peligros de la ausencia de control judicial de la desinformación y el uso de la inteligencia artificial por populistas digitales extremistas a través de X, especialmente durante el periodo electoral, son gravísimos y ponen en peligro la soberanía popular y el sistema democrático.

El Congreso de Uruguay aprobó la reforma a la Ley de Comunicación Audiovisual que contenía restricciones a la labor periodística y permite una mayor concentración en el ecosistema de medios de dicho país. Tras un fuerte rechazo de periodistas y la sociedad civil, el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, interpuso un veto parcial contra la disposición más polémica de la ley, mitigando algunas de las amenazas.

La directiva presidencial es el resultado de un proceso de asesoría técnica proporcionada por la RELE al Estado colombiano en respuesta a una solicitud recibida en abril del 2023, y representa un avance significativo en la protección y promoción de la libertad de expresión en el país.

El actor fue descalificado solo seis días después de haber sido inscrito en la lista de candidatos a las elecciones a la Duma Estatal de Rusia. Los tribunales rusos basaron su decisión en el apoyo del demandante a Navalny, que había expresado participando en una manifestación y animando a otros a hacer lo mismo.