La negativa a permitir a los solicitantes el acceso a información de archivo sobre la represión soviética, o negarles el derecho a hacer copias o tomar fotografías de dicha información de archivo, supone una interferencia en el derecho a recibir información, prevista en el artículo 10. La búsqueda de la verdad histórica es parte integral de la libertad de expresión.

Promulgó la ley durante una conferencia de prensa sobre educación y utilizó la plataforma X para anunciar la noticia, señalando que se estaba cumpliendo una promesa de campaña relacionada con la reforma educativa y la implementación del “sentido común en las aulas”.

Las disposiciones legales relativas a las “organizaciones indeseables” no están formuladas con suficiente precisión para permitir a las organizaciones solicitantes prever que sus acciones, normalmente legales, darían lugar a su clasificación como “indeseables” y a la prohibición de sus actividades en Rusia.

La “valoración estética no es posible de realizar sin un principio. De lo contrario, quedamos a la deriva en la ponderación de la libertad de expresión, seguridad y dignidad humana según las reglas del sistema jurídico”.

Los educadores están mejor posicionados que los jueces federales para decidir qué contribuye a un ambiente propicio para el aprendizaje. Por tanto, la interpretación y aplicación del código de vestimenta, incluidos los estándares comunitarios, corresponde a los administradores escolares.

El senador patrocinante del proyecto adujo que los antecedentes actuales indican que las características de las redes sociales están diseñadas para fomentar la interacción constante de los usuarios, lo que puede incluir la exposición de menores a contenido perjudicial para ellos.

El demandante no dispuso de un recurso efectivo ya que las sentencias dictadas por un tribunal regional (el nivel de jurisdicción al que pertenecía el tribunal ad quem) en casos de difamación fueron excluidas del ámbito de los recursos sobre cuestiones de ley. Por tanto, las deficiencias del procedimiento de recusación tramitado ante el referido tribunal no podrían haber sido subsanadas por un tribunal superior.

Los demandantes interpusieron una demanda contra una serie de autoridades locales. Alegaron que la retirada de los libros constituía una violación de su derecho a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.

La adopción de esta medida se realiza en el marco del artículo 66.1 del RGPD, que permite a las autoridades de control tomar medidas provisionales con efectos jurídicos en su territorio en circunstancias excepcionales que requieran una intervención urgente para proteger los derechos y libertades de las personas.

Un funcionario del gobierno puede compartir sus opiniones y criticar creencias específicas, incluso de manera enérgica, para persuadir a otros. Sin embargo, la utilización del poder estatal para castigar o reprimir expresiones desfavorables está prohibida.