Si el recurrente quisiera tener otra salida a la vía pública debe accionar civilmente requiriendo una servidumbre de tránsito, informó el recurrido.

En el caso puntual, la juez de la instancia no cumplió con lo antes indicado, sino que, por el contrario, decretó de inmediato el apremio por 33 días, decisión que, a la luz del precepto normativo antes indicado, resulta ilegal.

No puede deducirse que exista una previsión legal clara, que responda a los requisitos de seguridad y certeza, que justifique el traslado de una persona de un punto en que se la intercepta en un control de seguridad hacia una comisaría para realizar la prueba de alcoholemia en aquellos supuestos en que la persona no acepte voluntariamente, de forma indubitada y clara, ese desplazamiento para realizar la prueba.

La regla general es la aplicación de las normas del Código del Trabajo y afines, no obstante que la empresa se encuentre sometida a un procedimiento concursal, por lo que en principio las de la Ley N°20.720 no rigen en un juicio ejecutivo laboral seguido en contra de aquella. Sin embargo, cobran vigencia en caso de que se trate de obligaciones que gozan de preferencia de primera clase, reglados en el artículo 2472 del Código Civil, que, en su número 5, referida a las previsionales, puesto que la norma de excepción obliga a la suspensión de la ejecución y realización de bienes.

Los procesamientos indebidos, que fueron reconocidos por el Estado se inscriben en un contexto más amplio de actos de violencia, de estigmatización, de desprestigio y de descrédito hacia los integrantes y dirigentes del partido político UP quienes eran sistemáticamente señalados como auxiliadores de la guerrilla. En ese marco, se produjeron vulneraciones a los derechos que se extienden más allá de las esferas de los derechos al debido proceso y a la libertad personal.

La afectada fue víctima de violación sexual perpetrada por cinco reclusos, no se le brindó atención médica especializada, ni se tomaron medidas para proteger su integridad, se la trasladó a un recinto hacinado y el proceso penal en su contra se prolonga por más de 20 años.

El amparado permaneció en prisión preventiva 169 días entre los años 2011 y 2012 antes de ser absuelto, por lo que en atención al principio “pro reo”, dicho tiempo se le debió reconocer como abono para una condena que actualmente cumple y que se dictó en 2021.

La resolución objeto de este recurso fue dictada por Juez competente, dentro de los casos previstos por la ley, cumpliendo con las formalidades legales establecidas para tales efectos.

La negativa no estaría protegida por el derecho que tendría todo investigado a guardar silencio, con el objeto de no auto incriminarse, ya que ésta se aplicaría solo a la toma de declaración, sin que la misma pueda extenderse a otras diligencias, como sería el caso de la toma de muestra de voces, cuyo objeto no sería recabar sus declaraciones, sino únicamente recabar sus voces, para la realización de las pericias fonéticas correspondientes.

Desde la fecha de la resolución ha habido peticiones aún no resueltas por el Tribunal, de prescripción de las pensiones decretadas y de suspensión de las medidas de apremio.