El presente caso es un ejemplo de la “vulgarización” que viene afectando a la acción de amparo, a la cual debe ponerse límite. La acción de amparo como mecanismo de tutela de urgencia, no es adecuada ni para discutir la pena sustitutiva ni la prescripción de la pena, debiendo haberse empleado los recursos legalmente previstos en el Código procesal penal, refiere el voto en contra.

La principal función del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es la ejecución de las medidas decretadas por el tribunal evidenciándose dilaciones indebidas al cumplimiento de lo ordenado, lo que vulnera la libertad ambulatoria de la adolescente que se ve obligada a permanecer en el recinto hospitalario en contra de su voluntad.

Además, no se divisa la ocurrencia de algún hecho contrario a la ley que importe una privación, perturbación o amenaza a la libertad o seguridad individual de la persona que recurre.

Los extranjeros detenidos se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad, visto que están en un medio social y jurídico diferente del suyo, y muchas veces con un idioma que desconocen, por lo que esta situación puede conllevar entonces a que el detenido desconozca las razones por las que se le ha privado de libertad. En este caso el condenado estuvo en contacto con las autoridades consulares después de ser privado de libertad.

La duración razonable tanto de la prisión preventiva como la del proceso penal están amparadas normativamente; así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hace en sus artículos 7.5 y 8.1, respectivamente.

Estableció la vulneración de derechos fundamentales de los internos del recinto penal, al verificar que existe un único patio, común a todos los internos y que solo algunos tienen acceso al mismo, entre otras deficiencias, lo que no se condice con la obligación de proporcionar a las personas privadas de libertad un trato digno y humanitario.

La libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género perjudiciales. Ello se ha debido a que se ha asignado social y culturalmente a los hombres un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que estas son vistas como el ente reproductivo por excelencia.

Requirente considera que las normas impugnadas representan una vulneración a las garantías de libertad personal y de trabajo.

Las normas mexicanas contienen cláusulas, que, per se, resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. El derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.

La requirente estima que los preceptos legales cuestionados atentan contra la prohibición de prisión por deudas y sus garantías a un debido proceso, propiedad y no afectación de los derechos en su esencia.