En efecto, la Magistratura constitucional de España concedió el amparo a un ciudadano colombiano al que la Audiencia Nacional decidió extraditar a la República de Colombia para su enjuiciamiento por presuntos delitos de daños informáticos y cohecho.

Estimó que los fundamentos del decreto de expulsión no son proporcionales a la infracción y causal de expulsión invocada.

Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.