El desacuerdo entre los mandantes tripartitos de la OIT respecto a la interpretación del Convenio núm. 87 en relación con el derecho de huelga es la raíz de la controversia actual. Este desencuentro es de larga data. En 1953, por primera vez se cuestionó la aplicación del derecho de huelga en relación al convenio citado.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, que acogió la demanda tras establecer que Sinainter incurrió en actos vulneratorios de la libertad sindical en contra del sindicato “Doña Isidora”, conformado por ex socias de la denunciada.
Evidentemente la consecuencia de no proseguir de facto con la huelga -con independencia de su origen subjetivo ilícito o no- es la reanudación de la actividad y en ello no cabe ver más menoscabo a la dignidad que el propio hecho de retomar la actividad laboral es decir, la conculcación, si se produce, del Derecho de Huelga y el daño moral que se produce es derivado en su caso de esa misma vulneración y no de otra que pueda distinguirse en cuanto a la moralidad de los afectados.
La empleadora incentivó con mayores beneficios a los trabajadores no afiliados, y privó de la asignación de trabajo en horas extraordinarias a los miembros de la agrupación, perjudicando la remuneración de los integrantes del sindicato; prácticas que fueron consideradas por la judicatura como contrarias a la libertad sindical.
Las demandas que se presenten deben cumplir con el requisito de agotamiento de los recursos internos. Esta regla tiene como objetivo dar a los Estados la posibilidad de abordar las violaciones de derechos humanos dentro de su jurisdicción nacional antes de recurrir a un órgano internacional de derechos humanos para determinar su responsabilidad.
El máximo Tribunal estimó que el ente actuó como una comisión especial, privando al actor de sus derechos sindicales, hecho culpable que debe ser asumido por la organización, en atención a su rol tutelar respecto de los derechos de los trabajadores afiliados.
La legislación ha previsto un trato especialísimo para ciertos grupos que se pueden encontrar en circunstancias de vulnerabilidad dentro de las relaciones laborales, así que el artículo 187, consagra la garantía para dirigentes sindicales como un método de estabilidad reforzada entendida como una tutela necesaria relacionada con la actividad sindical.
La negociación colectiva está dotada de un marco claro de actuación que debe respetarse, y a tal efecto las previsiones del convenio colectivo no pueden verse modificadas por decisiones unilaterales del empresario ni por la autonomía individual, en tanto que ello implica eludir el derecho de negociación.
La normativa faculta a los sindicatos para recabar la información previsional de los trabajadores, en virtud de su labor de vigilancia respecto al cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social.
Vulnera la libertad sindical, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a adquirir toda clase de bienes, así como la igualdad ante la ley.
La conducta denunciada constituye un acto ilegal y arbitrario que afecta el legítimo ejercicio de la actividad sindical, y que causa perjuicio no solo al recurrente, sino que afecta a todas aquellas personas relacionadas con la organización sindical.
