Un plazo de 60 días tan extenso para realizar el informe a las personas privadas de libertad implica la extensión del tiempo de espera para discutir el otorgamiento de la pena mixta y, eventualmente, el consecuente alargamiento de su reclusión, y resulta una demora innecesaria, puesto que, como es obvio, se cuenta con su presencia para la entrega de antecedentes y la realización de las entrevistas necesarias.
No resulta aplicable a la situación del amparado la regla del artículo 79 del Código Penal, toda vez que la resolución que revocó la pena sustitutiva solo resolvió respecto del incumplimiento del beneficio otorgado en la sentencia, pero no aplicó una pena o condena, refiere el voto en contra.
El tribunal dio por acreditado que entre los años 2008 y el 10 de mayo de 2019, sin que se puedan precisar fechas exactas, Daniel Mauricio Luna Hidalgo, quien se desempeñaba como camarógrafo de la Intendencia Regional de Tarapacá, grabó en diversas oportunidades las partes íntimas de víctimas femeninas y una masculina.
Los incumplimientos atribuidos a la sentenciada no resultan graves, particularmente en atención a las circunstancias del caso, y al fin de la Ley 18.216, esto es, evitar la contaminación criminógena.
El Tribunal de alzada ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle proceder a la realización de un nuevo juicio con jueces no inhabilitados, tras establecer que la sentencia recurrida no da sustento a la calificación de los hechos que da por acreditados, sin hacerse cargo de la calificación de homicidio frustrado asignada por los acusadores.
El Tribunal de alzada rechazó la acción deducida por la defensa por falta de competencia.
