Los Estados deben aplicar un enfoque diferenciado en la atención de las necesidades especiales de los distintos grupos poblacionales privados de libertad para asegurar una ejecución de la pena respetuosa de su dignidad humana.

El requirente estima que se le ha privado arbitrariamente de la obtención del título de abogado, vulnerando sus garantías constitucionales.

Tener una sospecha razonable presupone la existencia de hechos o información que satisfagan a un observador objetivo de que la persona imputada puede haber cometido el delito.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal del tribunal de cumplimiento al negar el abono de los días en prisión preventiva que permaneció el recurrente en una causa en la que resultó absuelto.

La principal respuesta del Derecho ha sido la normativa sobre protección de datos personales la que, atendido el vertiginoso y avasallador avance de las tecnologías de la información, difícilmente llega  a tiempo y, prácticamente, en ningún caso, se hace cargo en su real complejidad del problema de fondo: la libertad individual frente al perfil de cada uno algoritmicamente determinado.

El máximo Tribunal estableció que el recurso de amparo no es la vía idónea para reclamar contra la denegación del beneficio.