
En su solicitud judicial, el Departamento de Justicia busca obtener una orden que prohíba a las empresas demandadas continuar con las prácticas señaladas o implementar mecanismos similares en el futuro. Según el escrito de la demanda, estas medidas buscan restablecer las condiciones de competencia en el mercado de alquiler de bienes inmuebles residenciales.