La iniciativa se funda en la necesidad de aumentar la capacidad de fiscalización y persecución ante ilícitos contra la libre competencia.
Es posible acumular procedimientos y sanciones cuando se persiguen objetivos complementarios relativos a aspectos diferentes del mismo comportamiento infractor.
La requirente estima que se vulneran los principios de proporcionalidad, culpabilidad y responsabilidad personal, y las garantías constitucionales del debido proceso e igualdad ante la ley.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
El máximo Tribunal consideró que existió un error en la impresión del etiquetado, el cual fue corregido por el demandado.
Se solicitó el pronunciamiento del Tribunal para que examine si las bases de licitación para celebrar Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) pudieran infringir las normas que protegen la libre competencia.
La operación de concentración está sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación.
La empresa estatal abusó de su posición dominante en el mercado nacional de correspondencia, e incurrió en prácticas de competencia desleal con el fin de conservar o incrementar dicha condición.
La iniciativa nace a raíz del último informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el cual da cuenta de graves problemas de competitividad en el mercado de distribución y comercialización de este combustible esencial para el desarrollo de diferentes actividades.
El uso abusivo de estos instrumentos por la demandada socava su legitimidad original, toda vez que pretendió entorpecer la operación de un agente del mercado.
