Lo más importante de esta sentencia es que el TC ha ratificado que tanto la Constitución Política del Perú (artículo 73) como la Ley N° 26856 establecen que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles; y por ende, que en todos los balnearios y urbanizaciones colindantes a la playa, terrenos ribereños y similares bajo propiedad pública o privada debe existir por lo menos cada mil metros, una vía de acceso que permita el libre ingreso libre a las playas.

La Corte de Puerto Montt ordenó al recurrido abstenerse de bloquear el libre tránsito de los recurrentes hacia sus parcelas, sin perjuicio de las acciones que en derecho le corresponden, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en alzada, al estimar la existencia de vías de hecho para imponer justicia por mano propia, y no utilizar las acciones que la ley reconoce al recurrido.

La Corte consideró que no se mencionaron hechos que afecten garantías constitucionales amparadas por la acción de protección.

El recurrido alegó que dicho camino se había construido como servidumbre de tránsito únicamente para el traslado de él y sus hermanos, argumento que fue desestimado por la Corte, tras determinar que no podía obviarse el hecho de ser un camino utilizado hace años por los vecinos del sector.

El hecho de que las labores de control del comercio ambulante puedan ser ejercidas también por otras entidades públicas, como Carabineros de Chile, no obsta a que el municipio las aborde con todos los medios de que disponga.

La instalación de un portón que impide el tránsito en la vía pública, cuyo fin es evitar la proliferación de un basural, constituye un acto de autotutela que resulta contrario a derecho, desde que transgrede la garantía contemplada en el artículo 19 N°3, inciso quinto, de la Constitución.

La Corte constató que los recurrentes tienen en su poder un control remoto para la apertura del portón, una aplicación en el celular para los mismos fines, y además cuentan con llave de la reja peatonal, por lo que no se ha impedido el derecho de libre tránsito.

Alcalde de Huechuraba argumenta que no puede razonablemente estimarse una alternativa viable un camino de montaña como es el viejo camino de La Pirámide, o las vías liberadas de pago que señala la concesionaria que abarcan 17 o 16 kilómetros.

Se vulneró la integridad psíquica y física de la actora, a quién en forma injustificada la denunciada ha impedido el uso del camino que accede a su domicilio.

La construcción obstruye el acceso peatonal y vehicular a seis villas del sector e impide a sus vecinos el acceso al transporte público.